Los criterios surgidos durante la última década desde diversos foros internaciones sobre sostenibilidad y biodiversidad, han hecho evolucionar las políticas de conservación hacia modelos integrales en el desarrollo de los territorio con una visión global sobre los mismos.
Esta evolución, que ya empezó a observarse en la Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza y se consolidó con los objetivos de la Directiva hábitat de la Unión Europea, se ha ratificado con el Convenio de Biodiversidad firmado en la Conferencia de Río de 1992.
El Convenio de Biodiversidad vuelve a incidir en este término entendiendo como Biodiversidad: la variedad de la vida en sus formas genéticas, de especies y de comunidades y en el mantenimiento de los procesos ecológicos. Establece como herramienta básica, además de las medidas de conservación necesarias, el uso racional de los recursos biológicos. Entiende por ello, que dicho uso por parte de las generaciones presentes no merme la potencial utilización que puedan hacer de ellos las generaciones futuras. Esto supone la consideración de la Biodiversidad como responsabilidad común de la humanidad e implica necesariamente la adopción, con criterios básicos, del concepto de responsabilidad compartida y el principio de precaución en la utilización de los recursos.
De esta manera, la contradicción entre explotación y conservación queda solucionada conceptualmente, pero el uso del término sostenible sería un significado más sin repercusiones reales sino se lleva el concepto a la práctica impregnando todas las actuaciones de la sociedad sobre la naturaleza.
Para ello, el propio Convenio establece la necesidad y la obligación de que se elaboren estrategias, planes o programas nacionales en relación con los objetivos del mismo, e integren la conservación y la utilización sostenible le de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales.
En Aragón estos principios, por influencia del V PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, quedaron plasmados en la Ley de Ordenación del Territorio, tal vez demasiado olvidada en sus desarrollo y ejecución, cuyas directrices han sido publicadas tímidamente este año, con una escasa repercusión social, lo que es grave si tenemos en cuenta que en ellas debe quedar plasmado la planificación territorial de nuestro territorio, por cuanto debería ser de máximo interés para los pobladores.
La presión social en Aragón hacia la ejecución de un modelo de desarrollo sostenible que tenga en cuenta la conservación de la naturaleza origina protestas ciudadanas. Estas surgen ante el temor de que aquél pueda suponer un freno al desarrollo, teniendo en cuenta que en su amplia extensión territorial más de la mitad de la población vive en la ciudad de Zaragoza y cientos de municipios tienen menos de 1000 habitantes, alguno con no más de 100 habitantes y muchos totalmente despoblados. Son espacios, muy deprimidos socio-económicamente, que actualmente cuentan con expectativas de acceder a proyectos de desarrollo en torno a un turismo de masas o con contactos con empresas que acuden al reclamo de subvenciones con proyectos de dudosa rentabilidad y con difícil cabida en una sociedad exigente en el cumplimiento de la normativa medioambiental que se impone en una Europa que prepara su entrada en el nuevo milenio.
Este descontento de ciertas áreas de Aragón con una política de conservación de la naturaleza ha quedado de manifiesto en la recientemente aprobada Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Incompresiblemente se echa en falta un listado de lugares de interés o, al menos, unos plazos para iniciar los trámites del estudio de su declaración.
De la misma manera el Gobierno de Aragón se ha quedado corto en su propuesta de listado de espacios que deban ser declarados de Interés Comunitario e incluirlos en la futura RED NATURA 2000. Europa pretende con esta medida recoger una amplia representación de los ecosistemas de su espacio territorial cuya conservación se hace necesaria para salvaguardar la Biodiversidad.
Los diversos órganos de participación pública, especialmente el de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio donde se evalúan que los diferentes proyectos urbanísticos ó industriales se ajusten a los criterios marcados por la normativa sectorial, se tornan excesivamente políticos en detrimento de criterios técnicos. De estos órganos surgen, apoyadas por el criterio de la mayoría, las directrices políticas marcadas por el Gobierno, subestimando los estudios de impacto territorial y ambiental contraviniendo incluso los dictámenes de sus propias ponencias técnicas.
Centrándonos en Teruel, el estancamiento socio-económico, que históricamente atraviesa, fuerza a que intente acelerar una salida a su situación para no perder el tren del desarrollo industrial del que se descolgó décadas atrás. En ese intento se acerca hacia modelos desarrollista hoy descartados. Debería analizar racionalmente sus propuesta de desarrollo, y mirar el futuro en torno al nuevo orden socio-económico surgido tras nuestra incorporación a la Unión Europea. En este sentido hemos de denunciar como, en general, el dinero escapa hacia oportunistas de subvenciones que acceden al reclamo de las ofertas de esta provincia. Pensamos, que se han desaprovechado los fondos estructurales recibidos desde la Unión Europea, cuyo objetivo debiera haber sido preparar a esta provincia ante el desafío en que su comunidad se enfrenta en los tiempños cercanos del nuevo siglo que llega.
En este sentido se sigue apostando por grandes proyectos en detrimento del apoyo a la explotación familiar, base del sustento del sector primario en esta provincia. Existe demasiada angustia por las perspectivas de pérdida de población. Se ignora que existen gentes empeñadas en seguir y continuar viviendo aquí, atendiendo a una serie de valores positivos de vivir en un pueblo. Y pensamos, que son precisamente estas pequeñas iniciativas, en muchos casos con serias dificultades para financiarse, las que deben recibir más apoyo institucional, teniendo en cuenta que no por pequeñas representan menos garantía con respecto a grandes proyectos empresariales.
Se olvida el alto valor ecológico de este territorio. Dado el estado de degradación en el que se encuentran amplias áreas industriales muy desarrolladas de la Comunidad Europea, paraísos naturales muy asilvestrados, como son los montes turolenses, adquieren un gran valor. Además, los valores culturales de la población rural todavía no están recluidos en archivos del pasado reciente, ello posibilita continuar con una la gestión tradicional que ha modelado estos paisajes y ecosistemas.
En esta situación se encuentran: la Sierra de Albarracín, la Sierra de Javalambre, la Sierra de Gúdar y del Maestrazgo, los Puertos de Beceite, las Sierras de Cucalón y Fonfría, la Cuenca del Jiloca y de Gallocanta, las Estepas del Bajo Arágón o los pueblos del Matarranya. Aunque también encontramos ejemplos de desarrollo acelerados que se desvanecen al paso de unas décadas de actividad, como son: la experiencia vivida en torno a la Central Térmica de Aliaga, las Minas de Hierro de Ojos Negros ó recientemente la Cuenca Minera Central de Utrillas-Montalbán-Escucha y la de Andorra.
Se ha pretendido, y así lo ha asumido la población, que los programas de Conservación de Espacios Protegidos van reñidos con los de desarrollo.
Hasta la fecha la declaración de un espacio protegido ha supuesto:
- La masificación y explotación turística de espacios naturales. Difícil de determinar si por los atractivos del enclave o por la expansión de la sociedad postindustrial que necesita de lugares naturales silvestres, verdes y al aire libre. El consumo de naturaleza entra dentro de su modo de vida.
- El protagonismo en la económica de estos espacios rurales del sector terciario, abandonando explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales en el medio rural. Si estas eran las responsables de la morfología y composición del ecosistema, su desaparición va acompañada del nacimiento de otras formas de explotación del entorno: camping, senderos, urbanizaciones, actividades de deporte de aventura, 4×4, etc…, con nuevos impactos ambientales vinculados al uso del territorio demanda el sector servicios. En ocasiones, frecuentes, se desarrollan en tiempos tan rápidos que la naturaleza no es capaz de adaptarse a los cambios sin sufrir un colapso de sus formas actuales de vida.
Por otra parte, la ausencia de pautas que favorezcan la sostenibilidad en el conjunto de las actividades de la sociedad humana van acompañadas de una intensificación, apoyada por la cultura urbana desligada del territorio y sensibilizada por mensajes televisivos, de las actuaciones proteccionistas a los lugares declarados protegidos. Es la Legislación de Espacios Protegidos la única en la que va a primar los estudios de impacto territorial y ambiental y donde se podrá poner freno a proyectos de parques eólicos, minicentrales eléctricas, embalses, canteras, etc…. Es una tendencia de la cultura de las ciudades la de crear tesoros naturales como testigos museísticos del territorio, cerrando los ojos a la responsabilidad en el deterioro ambiental de su propio modo de vida.
En cierta manera esta justificado que la población rural desconfíe de la declaración de espacios protegidos. Hemos de tener en cuenta el escaso papel que juegan en nuestro modelo socio-económico. Lo comprobamos al dirigir la vista hacia el presupuesto de Aragón, a los destinos del Fondo del Plan Teruel, del fondo MINER y otros, comprobando las escasas inversiones que directamente revierten en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, de las explotaciones familiares agro-ganaderas. Y eso que sus demandas no exigen grandes cantidades de dinero. En muchos casos, además de las justas peticiones en educación y sanidad, se centran en medidas como cobertura telefónica o mejora de corrales, vías pecuarias o refugios para ganaderos, que revierten directamente en conservación del territorio y valores culturales.
Sin embargo no hemos de olvidar que la declaración de Espacios Protegidos puede favorecer la entrada de fondos destinados a compensaciones destinadas a incentivar modelos de desarrollo sostenible entorno a actividades tradicionales directamente implicadas con la conservación de los valores naturales que se protegen. Teniendo en cuenta que cada vez entra menos dinero de fondos estructurales, al igualarse nuestra economía a la del restos de países europeos –somos actualmente uno de los ricos al menos así nos presentamos ante el desafío de la unión monetaria europea-, ello puede ser determinantes para destinar fondos a unas zonas u otras.
Asimismo la declaración de un Espacio Protegido va a ser en sí misma un reclamo de atracción de cara a un desarrollo turístico y va a posibilitar la adopción de medidas de control del impacto turístico regulando ciertos usos, teniendo en cuenta que alguna normativa se ha quedado anticuada, como la preconstitucional Ley de Montes.
La Ley forestal (Ley de Montes de 8 de junio de 1957), que deberá ser adaptada, a la mayor brevedad posible, a los preceptos de la Constitución, establece que son públicos los montes del Estado, entidades locales, etc…, adscritos a un servicio público sean o no de utilidad pública y este o no catalogado. En ellos la libertad de uso y disfrute turístico o de observación de la naturaleza es pleno, con excepción de lo que en cada caso determinado se disponga de cara a la prevención de incendio forestales.
Amparándonos en el art. 45 de la Constitución, que reconoce el derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, sin olvidar el artículo 139.1, que establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, la Ley de Montes difícilmente puede regular limitaciones de disfrute del medio ambiente, a no ser por medidas de prevención de incendios. Por lo tanto tendremos que recurrir a la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y Fauna Silvestre y a la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, como desarrollo de los principios de la Constitución, que recogiendo los cambios sociales y el incremente del uso del medio natural como ocio y recreo, sí que establece medidas de control, garantizando su conservación en aquellos espacios de protección especial.
En este sentido hemos de hacer hincapié en que la declaración de Espacios Protegidos no vulnera derechos de propiedad, tanto privadas como patrimoniales de ayuntamientos, y en si mismo no establece más limitaciones que las ya existentes por la legislación actual sectorial en materia forestal, incendios forestales, urbanismo u otros usos del territorio.
Hemos de dejar clara la configuración del derecho de propiedad que cita la Constitución en su artículo 33 –literalmente dice: < 1.Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las Leyes.>
La Constitución garantiza el derecho de propiedad, pero este derecho no reviste caracteres absolutos, sino que se halla delimitado por su función social, y en este sentido son abundantes los pronunciamientos jurisprudenciales sobre este tema que no dejan lugar a dudas sobre la posibilidad de establecer limitaciones y regular la utilización de bienes de la propiedad privada. Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de Marzo de 1987 afirma que: <La Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad….>.
Aunque los planes ambientales constituyen una novedad, lo que no tiene nada de nuevo en nuestro derecho ni en la práctica administrativa es el establecimiento de limitaciones y la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales. Muchos años hace que se viene limitando y regulando la caza, la pesca, los aprovechamientos forestales, los pastos…., sin que nadie ponga en duda la capacidad de la Administración para hacerlo y sin que ello suponga una intromisión ilícita en el derecho de propiedad. No hay razón alguna para que ahora, que se pretende hacer lo mismo desde instrumentos de planificación ambiental, de nuevo cuño pero con un sólido apoyo legal, se alcen voces en contra de lo que no es más que la delimitación del contenido de la propiedad para el cumplimiento de la función social que la Constitución le atribuye.
Analizando el estado de los bosques en la provincia de Teruel, que era el motivo central de esta intervención, difícilmente podemos ofrecer otros datos y cifras que a lo largo de estos tres días han aportado técnicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Reconociendo un incremento de la superficie forestal, desde los sectores ecologistas queremos hacer algunas reflexiones.
Ha de atribuirse al abandono rural el aumento de la superficie forestal, sobre todo en especies autóctonas. Nuestra preocupación actual se centra en proyectos, que comienza a revolotear en torno a un aprovechamiento intensivo de estos bosques de alto valor ecológico. Su aprovechamiento para uso doméstico entra dentro de las posibilidades de su conservación, pero una explotación intensiva para plantas industriales en torno a la fabricación de carbón vegetal, como en alguna ocasión se ha oído en zonas de esta provincia, o recientemente en torno a una planta de generación eléctrica en una incineradora de residuos forestales, podría privarnos de los beneficios de estas masas de matorral, que sobre suelos muy pobres nos ofrecen altos beneficios en protección de suelos, mejora del paisaje y ocio.
No podemos dejar de mencionar el efecto de degradación, que desde la Central Térmica de Andorra se ha generado en amplias zonas del Maestrazgo. Sin duda es alta la deuda de nuestra provincia a esta planta industrial, pero no hemos de olvidar su gran impacto ambiental en contaminación atmosférica y, en minería a cielo abierto que ha resquebrajado amplias superficies de las Cuencas Mineras, afectando a la salud de los bosques del Maestrazgo. Nuestra vecina Comunidad Autónoma de Valencia no ha cerrado los ojos a ello y ha logrado una serie de compensaciones, que a través de una Fundación constituida al efecto incide no sólo en cubrir las pérdidas económicas de algunos municipios, sino también en proyectos de restauración del bosque dañado.
El incremento del desarrollo del sector turístico y nuestra cercanía a un gran núcleo urbano, como es la ciudad de Valencia, ha generado la ocupación de Montes Públicos, con flora singular y valiosas, para establecer estaciones de esquí alpino apoyadas con cañones de fabricación de nieve artificial. Esto ha originado un gran impacto en el paisaje y en poblaciones de flora catalogada. Hemos de reconocer la demanda social de este tipo de actividades y las posibilidades económicas que ofrece a ciertos municipios. También que de una buena gestión y planificación de estas instalaciones puede beneficiarse el ecosistema al canalizar en ciertos lugares la afluencia de un turismo de masas que vagando libremente por el conjunto de la Sierra podría originar daños en otras zonas valiosas desde el punto de vista natural. Pero deberá analizarse y controlarse estrictamente la ocupación de estas instalaciones garantizando la conservación de aquellas especies y lugares con alto valor ecológico, entre los que hemos de citar el área de ocupación por Pinus Uncinata del Monegro y Peñarroya en Valdelinares. Así mismo estas instalaciones deberían ajustarse estrictamente a unos fines muy concretos, sin grandes ambiciones no ajustadas al gran coste económico y ecológico de estas inversiones.
Por último, aunque la metodología forestal ha cambiado en los últimos años, aún pueden observarse el impacto de la política forestal seguida no hace muchos años. Para mejorar el pinar se sacrificaban un sin fin de especies competitivas, privándonos de un mosaico variado en especies de flora de nuestros bosques, también de formaciones de bosque maduro y árboles viejos de buen porte, garantía genética para el. Tampoco hemos de olvidar el gran impacto socioeconómico que, desde una política de repoblación forestal del territorio, sacrificó actividades ganaderas, borrando amplias culturas, biodiversidad, protagonista del modelado del paisaje de nuestras montañas y cuya recuperación deber se un reto en la política medioambiental de Aragón. Y hemos de recordar que un bosque no son sólo árboles, un mosaico de vida, con sinergias interconectadas en intercambio permanentes desde el subsuelo al espacio aéreo hace posible esas comunidades de cuyos variados servicios ambientales todos nos beneficiamos.
Hemos de mencionar, además, que extensas masas de carrascales y quejigales, hoy en expansión, lo son de rebrotes de sacas de leña para leña y carboneo. Apenas existe regeneración de semilla. Constituyen brotes de desarrollo vegetativo de escasos pies, con lo que la diversidad genética es escasa. Por ello son masas muy sensibles a perturbaciones que puedan sufrir y pueden llevarles a su desaparición. Lo mismo podríamos decir de las masas de Pinus nigra, con una gran dificultad de regeneración si el ecosistema lo reducimos a etapas iniciales tras fuertes talas o incendios forestales.
Paradójicamente, en Teruel la única experiencia llevada a efecto en que conservación y desarrollo evolucionan hacía modelos sostenibles, se da en una zona de aprovechamiento cerealista, con un paisaje muy alejado de ideario de espacio natural en torno a un bosque y extensos prados.. El Mas de Cirugeda, en el Campo de Visiedo, ha apostado por la agricultura ecológica y una ONG, la Sociedad Española de Ornitología, gestiona en este territorio una Reserva Ornitológica de aves esteparias.
Pero, como en el resto del país, aun nos encontramos con serias dificultades culturales para comprender que la protección del medio ambiente es vital para garantizar unas condiciones de vida óptimas, aportándonos necesidades que la tecnología no es capaz de crear, servicios ambientales que van desde proporcionar oxigeno, agua, madera, combustibles…, sin olvidar espacios naturales donde pasear, pensar, reflexionar. Precisamente en esta provincia, donde alcanzar modelos de desarrollo compatibles con la conservación de la naturaleza no supone grandes cambios actualmente, ni grandes proyectos de restauración, en ocasiones simplemente debemos mirar atrás para comprender las razones del éxito de las gentes que nos precedieron: laboriosidad, inteligencia y bondad. Es verdad que hay aspectos a rectificar y contamos con la propia evolución de la humanidad en proyectos de investigación que proporciona información valiosa al respecto. También es cierto que hoy necesitamos nuevas infraestructuras y necesidades, que deberán proyectarse con la máxima rigurosidad en medidas de evaluación, prevención y restauración que nos permitan afrontar el reto de no tener que arrepentirnos a posteriori de acciones realizadas.
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Exposición presentada en la I JORNADA SOBRE EL MEDIO NATURAL, celebrada en Albarracín los días 21, 22 y 23 de octubre de 1998, como representante ecologista , en aquél momento, del Patronato del Paisaje Protegido de Los Pinares del Rodeno.
Casi 20 años después, su lectura nos invita reflexionar sobre: en que medida hemos avanzado en la conservación del medio ambiente; si ha cambiado la tendencia de la provincia de Teruel hacía su despoblación; incluso a rectificar sobre cuestiones planteadas entonces
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LA HITA 